La portavoz popular, Anastasia Calero, ha denunciado que esta
medida “no solo es injusta y alejada de la realidad territorial de la
provincia, sino que además supone un claro perjuicio para las mujeres víctimas
de violencia de género en la comarca de Los Pedroches, quienes se verán
obligadas a desplazarse hasta la capital cordobesa para poder acceder a la
justicia”.
Desde el PP consideran que esta decisión ha sido adoptada de forma
unilateral, sin contar con la Junta de Andalucía, ni con el presidente de la
Audiencia Provincial de Córdoba ni con el fiscal jefe provincial. El consejero
andaluz de Justicia, José Antonio Nieto, ha calificado la medida de
“incomprensible” y ha denunciado que responde a criterios meramente
cuantitativos, sin tener en cuenta la eficacia judicial ni la proximidad a las
víctimas.
Según el PP, es inadmisible que, mientras la Junta de Andalucía invierte más
de 60 millones de euros en servicios judiciales relacionados con violencia de
género, el Gobierno de España adopte decisiones que van en sentido contrario,
sin diálogo ni coordinación con las administraciones implicadas.
La moción defiende que el principio de proximidad debe regir siempre
en materias tan sensibles como la violencia de género y pide al Gobierno
central una apuesta clara y coherente por un modelo judicial que responda a la
realidad territorial de cada comarca.
Asimismo, la moción será trasladada al Ministerio de Justicia, al
Consejo General del Poder Judicial, a la Junta de Andalucía y a todos los
ayuntamientos de la comarca de Los Pedroches, para recabar apoyos y defender
una justicia más cercana y justa para todas las mujeres.
