Los populares muestran una vez más su respaldo tanto a la educación pública como a la concertada de la localidad, que consideran que pueden convivir como hasta ahora en armonía, y piden, como ha hecho la Real Academia Española, que no se ponga en cuestión el castellano como lengua común en ningún territorio de España
Noviembre, 2020.- El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Pozoblanco llevará al Pleno Municipal una moción para pedir que se paralice la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida popularmente como “ley Celaá” y que, según los populares, ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general. El PP explica en ese sentido que esa Ley Orgánica, pendiente aún de aprobación en el Senado, “inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma”, por lo que lamenta que el Gobierno haya utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y “hurtar el debate que una ley de estas características exige”. Recuerdan por ejemplo que el proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado y que se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso, un hecho que consideran que no tiene precedentes en el debate de otras leyes educativas. Los populares señalan igualmente que “la votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única sesión”, por lo que “los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en esa única sesión más de mil enmiendas”.
Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la "ley Celaá" representa, según explica el PP en su moción, “la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Rodríguez Zapatero, que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%”. “La LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo”, señalan. Explican además que supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa, pues suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y con ello dificulta a las familias elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. También entienden los populares que “ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos”. Por último, recuerdan que esta Ley Orgánica, contra la que se han manifestado en los últimos días miles de padres en todos el país y los dos centros concertados que hay en Pozoblanco, “elimina la condición del castellano como lengua vehicular de la enseñanza”, una decisión que pone en cuestión al idioma según ha explicado la propia Real Academia de la Lengua, al tiempo que defienden que “la convivencia armónica entre educación pública y concertada se ha demostrado posible en lugares como Pozoblanco y es sin duda el camino a seguir”.
Desde el Partido Popular consideran en definitiva la LOMLOE como “un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias”.
Por ello el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Pozoblanco presenta una extensa propuesta de acuerdo, que incluye los siguientes puntos:
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Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.
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Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
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Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.
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Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.
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Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades.
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Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.
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Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.
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Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades:
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Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación adecuada de las comunidades autónomas y permita actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas.
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Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución Española.
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Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
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Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.
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Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.
