El grupo municipal del PP del
Ayuntamiento de Pozoblanco, en defensa de la legalidad, la profesionalidad de
sus funcionarios y el buen hacer municipal, rechaza enérgicamente las
infundadas acusaciones vertidas en los últimos días por el concejal no adscrito
Gerardo Arévalo, que demuestra su profundo desconocimiento de los
procedimientos administrativos y su irresponsable afán por desprestigiar la
labor municipal con falsedades.
1. Sobre la plaza de oficial cantería:
La plaza de oficial de cantería a la que se
refiere el concejal fue creada hace más de veinte años y el expediente ha
pasado todos los informes favorables necesarios para su consolidación, bajo el
amparo de la ley de estabilización de empleo público (Ley 20/2021 de 28 de
diciembre). Es especialmente grave que el señor Arévalo ponga en duda el
trabajo de los numerosos funcionarios -técnicos de personal y recursos humanos,
secretaría y hasta al mismo interventor- que han intervenido en este expediente
a lo largo de los años. Cada uno de estos profesionales, incluida la mesa de
negociación de los sindicatos, ha emitido los informes técnicos
correspondientes, validando su adecuación a la legalidad vigente.
La adjudicación de esta plaza
responde estrictamente a criterios técnicos y legales. La selección final de las plazas incluidas en el Plan de Estabilización fue acordada por la mesa de negociación constituida en 2022, celebrada en fecha de 30 de mayo, integrada por el entonces equipo de gobierno y la representación sindical, con posterior validación por parte de Secretaría. Cabe mencionar que la plaza que menciona el señor Arévalo, al igual que el resto, estuvo en trámite de exposición pública y publicación en el BOP, y no hubo alegación alguna a esta plaza.
Es inadmisible que el señor Arévalo, en un ejercicio de ignorancia o mala fe, cuestione la profesionalidad del funcionariado y sugiera irregularidades donde no las hay. Acusar de prevaricación sin fundamento a toda una cadena de técnicos municipales no solo es gravísimo, sino que evidencia su desprecio por el trabajo riguroso de la Administración. Exigimos rectificación pública por estas acusaciones temerarias que dañan el prestigio de nuestros funcionarios.
2. Sobre los gastos jurídicos del alcalde:
Es un derecho reconocido que el
Ayuntamiento asuma los gastos de defensa jurídica de su personal, tanto
político como funcionario, cuando los hechos deriven del ejercicio legítimo de
sus funciones públicas y en caso de que no sea condenado. No se trata de un
privilegio, sino de una garantía esencial para el normal funcionamiento institucional.
Cabe destacar que, a día de hoy, el
alcalde, Santiago Cabello, ha asumido personalmente el pago de sus servicios
jurídicos, y una vez se archive el caso, como ha ocurrido con todas las
denuncias presentadas hasta la fecha contra su persona, ejercerá su legítimo
derecho a solicitar el reembolso de estas cantidades al Ayuntamiento, en
estricto cumplimiento de la normativa vigente. Hay que mencionar que este
derecho de reembolso ha sido utilizado por más alcaldes en el pasado.
Este derecho de reembolso se
fundamenta en el artículo 75.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local (LRBRL), y en el artículo 13.5 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
3. Sobre el anterior secretario municipal:
Respecto a las afirmaciones del señor
Arévalo Galán sobre la secretaría municipal, demostramos una vez más su
absoluto desconocimiento de los procedimientos administrativos. El funcionario
al que hace referencia fue nombrado secretario accidental de larga duración en
2014, figura legal contemplada en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
para cubrir vacantes temporales.
Este profesional, funcionario de
carrera (no "administrativo" como falsamente afirma el concejal), ha
ejercido sus funciones con plena legalidad durante periodos intermitentes
cuando las circunstancias lo requerían, siendo la última vez en 2023 tras la
marcha de la anterior secretaria por comisión de servicios. Es importante
destacar que:
● Estos nombramientos no son
decisión unilateral del alcalde, sino que requieren aprobación expresa de la
Junta de Andalucía
● Fueron ratificados por tres
alcaldes de diferente signo político
● La Junta de Andalucía nunca
emitió "advertencia" alguna sobre su idoneidad,
La finalización de sus funciones en
abril de 2025 respondió al normal procedimiento administrativo, siendo
sustituido por la entonces vicesecretaria, actual titular del puesto. Resulta
indignante que el señor Arévalo utilice este asunto para generar desconfianza
hacia funcionarios que desarrollan su trabajo con profesionalidad y dentro del
más estricto marco legal.
Llama poderosamente la atención que,
mientras el equipo de gobierno trabaja para mejorar Pozoblanco, la oposición se
empeñe en presentar denuncias y querellas que están costando dinero a los
pozoalbenses, sin que ninguna de ellas haya prosperado. Este clima de
crispación artificial e interesado no solo perjudica la imagen del municipio,
sino que supone un gasto innecesario para las arcas públicas. Los ciudadanos
merecen hechos, no campañas de desgaste basadas en acusaciones falsas que los
tribunales terminan archivando sistemáticamente.
Es lamentable comprobar cómo el señor
Arévalo Galán busca crear daño y obtener un protagonismo que, lógicamente, no
ha sabido alcanzar con su trabajo institucional. Es una pena tener que recurrir
a la desinformación y al victimismo para intentar ser relevante en el panorama
político local, demostrando una vez más su falta de altura y de propuestas
constructivas.
Este grupo municipal reitera su
compromiso con la honradez, la ley y el interés general. Las acusaciones del
concejal Arévalo son un ejercicio de oportunismo político carente de rigor, que
solo busca envenenar el clima institucional. Exigimos que cese en su campaña de
desprestigio y que, si tiene pruebas de irregularidades, las presente en los
tribunales en lugar de intoxicar mediáticamente.
