Los populares lamentan la decisión del Gobierno de decretar esta nueva carga económica a las familias, que se estima que va a suponer como mínimo que se duplique lo que se paga actualmente
El Partido Popular ha elevado al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pozoblanco una moción para que el Gobierno derogue “la obligatoriedad de la aplicación de la tasa de residuos en todos los municipios, ya que esta imposición supone un nuevo ataque a los bolsillos de los ciudadanos, que tendrán que pagar los costes íntegros de la gestión de la basura con una subida que se estima que duplicará como mínimo la actual”. Los populares recuerdan que esta tasa, que entrará en vigor el próximo 10 de abril, implica “otro ataque a la autonomía municipal, al impedir que los ayuntamientos hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sin considerar el tamaño, población, recursos económicos o situación financiera de cada localidad” Insisten en que la Directiva de Residuos de la UE no impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer la tasa de basuras, como defiende el Gobierno, ya que da otras alternativas como las inversiones en infraestructuras para mejorar las técnicas de gestión de residuos.
El Partido Popular explica que la
tasa media de basuras cubre solo el 60% del coste total de la gestión de
residuos, que asciende a unos 3.800 millones de euros anuales en toda España:
“El “sanchazo” obliga a los ayuntamientos y entidades locales a ajustar la tasa
para cubrir el coste completo, lo que implica un aumento significativo del
recibo para los ciudadanos, perjudicando a las familias de clase media y con
menos recursos”, explican. El PP
solicita en los acuerdos de esta moción “el respeto a la autonomía municipal y
el reconocimiento a la libertad de las entidades locales para establecer sus
propios tributos, permitiendo que puedan aliviar la carga fiscal de sus
ciudadanos, como vienen haciendo hasta ahora en la gestión de residuos”.
También exige al Gobierno que realice un estudio detallado que permita definir
el coste del servicio y la puesta en marcha de un Plan nacional de
infraestructuras para la economía circular que apoye la creación de sistemas de
tratamiento de residuos para cumplir los objetivos europeos.
El PP pide igualmente al Ejecutivo
que contribuya a sufragar las campañas de comunicación de los ayuntamientos
para incentivar la concienciación ciudadana de compromiso con la separación de
residuos y advierte de que la “falta de claridad” en el texto normativo
provocará que los ayuntamientos y entidades locales hagan diferentes
interpretaciones de la aplicación de la norma, lo que generará un “caos
tributario con cientos de recursos ante los diferentes tribunales de Justicia”.
